El Defensor denuncia la escasa información en los procesos de desamparo

 

EFE

Actualizado 27-05-2009

  Sevilla.- El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha denunciado hoy que las familias inmersas en una declaración de desamparo, que podría conllevar la retirada de la tutela provisional o definitiva de menores por parte de la Junta, no están adecuadamente informadas.

  Chamizo, quien ha comparecido en la comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Parlamento a petición del PP, ha apuntado que muchas veces las familias desconocen con exactitud este proceso, por lo que ha exigido que los abogados no sólo se encarguen de este asunto cuando llega a la vía judicial sino que también asesoren a los padres antes convenientemente.

  Además, el Defensor ha denunciado la falta de personal en los servicios de protección al menor, especialmente en los provinciales, debido, entre otras causas, a que se trata de un trabajo que "quema mucho".

  Para evitarlo, Chamizo propone incentivar a estos trabajadores, algo a los que se oponen los sindicatos, según ha dicho, por lo que ha instado a la Junta a resolver este problema.

  En su opinión, esta falta de personal impide, por ejemplo, hacer un seguimiento adecuado de los niños acogidos, ya sea temporal o definitivamente, en familias.

  Éstas son algunas de las reflexiones recogidas en el Informe del Menor de 2008 que, según Chamizo, presentará en el Parlamento "dentro de poco", probablemente en junio, y en el que exigirá además aumentar los recursos económicos para el sistema de protección.

  Respecto a los procedimientos de adopción, ya sean nacionales o internacionales, Chamizo ha recordado que no existe un derecho a adoptar de las familias, sino que son los menores los que tienen derecho a tener una, al tiempo que ha aseverado que quién debe obtener una declaración de idoneidad son las familias y no los menores.

  Además, el Defensor ha detectado algunas disfunciones en los procesos de adopción, entre las que se encuentran, demoras "injustificadas" en la tramitación de expedientes de idoneidad y la escasa motivación de resoluciones administrativas.

  Sin embargo, Chamizo ha destacado de entre todas ellas la "disparidad" de los criterios que cada técnico aplica para emitir un certificado, una "arbitrariedad" que no tiene sitio en la Constitución Española, ha advertido.

Además, el Defensor ha rechazado que el elevado número de solicitudes se convierta en una justificación para estas situaciones y que, según datos del Observatorio de la Infancia, se sitúan en 139 para el caso de adopciones nacionales y en 902 en internacionales.

  Chamizo también ha alertado del aumento de menores en riesgo de exclusión social que provienen de familias estructuradas y con ingresos "suficientes" y ha criticado que muchas veces la intervención en el seno de la familia "llega tarde".

  Por otra parte, Chamizo ha apostado por la elaboración de un protocolo de coordinación, evaluación y control entre los ámbitos sanitarios, educativos y sociales para detectar a tiempo situaciones como abusos sexuales a menores.

  Además, ha abogado por "reestructurar" el Instituto Andaluz de la Juventud para que aborde con más eficacia los problemas de los adolescentes.

  Por su parte, la diputada del PP Rosalía Espino ha advertido de la falta de medios económicos y de personal que tiene el servicio de protección a menores, así como su lentitud en la declaraciones de idoneidad.